Como hemos comunicado en avisos a la matriculas previos, el pasado 3 de diciembre de 2019 el CCPA fue emplazado como parte demandada en pleito de Román, et al. v. Colegio de Contadores Públicos Autorizados, et al., SJ2019CV12006.  El Gobierno de Puerto Rico también figura como parte co-demandada en el litigio. En esencia, los demandantes alegan que la colegiación compulsoria que exige la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, es inconstitucional a la luz de ciertas decisiones recientes de nuestro Tribunal Supremo.  El 3 de febrero de 2020 el CCPA presentó oportunamente su Contestación a la Demanda, mientras que el Gobierno de Puerto Rico solicitó dos prórrogas, la primera de 15 días y luego una segunda de 10 días adicionales para presentar su posición.  
 
Como parte del trámite procesal, el pasado viernes, 28 de febrero de 2020, el Gobierno presentó una Moción de Sentencia Sumaria haciéndose eco de lo determinado el año pasado por nuestro Tribunal Supremo en el  caso  de Rodríguez Casillas y otros v. Colegio de Técnicos Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, 2019 TSPR 87, en donde se emitieron declaraciones particulares sobre la constitucionalidad de la colegiación compulsoria en general.  El CCPA tenía un término de veinte (20) días para presentar su posición, excluyendo prórrogas.  Sin embargo, el 15 de marzo la Gobernadora de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva 2020-023 para viabilizar los cierres necesarios gubernamentales y privados para combatir los efectos del COVID-19 y controlar el riesgo de contagio en nuestra isla.  El término para que el CCPA presentara su posición vencía la semana posterior al comienzo del “lockdown”, pero el Tribunal Supremo esa semana emitió el EM-2020-03 (oprima aquí) por el cual extendieron todos los término que tuvieran vencimiento entre el 16 de marzo al 14 de abril para el 15 de abril.  Posterior a eso han emitido seis comunicados adicionales extendiendo los términos.  El último fue el EM-2020-12 emitido el pasado 22 de mayo de 2020 (oprima aquí), mediante el cual se extendieron nuevamente los vencimientos del 16 de marzo hasta el 14 de julio para el 15 de julio de 2020.  Nuestra representación legal ha identificado los argumentos a levantarse en oposición a la petición del Gobierno de Puerto Rico y, al día de hoy, se encuentra incorporando los mismos al documento a ser presentado dentro de los términos provistos por las Reglas de Procedimiento Civil.