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Tribunal Federal

Decisión emitida por el Tribunal Federal en relación a las demandas presentadas por el Gobierno de Puerto Rico contra la Junta de Supervisión Fiscal sobre la implementación de las Leyes Núm. 82-2019, Núm. 138-3019, Núm. 181-2019, Núm. 47-2020.

Ley Núm. 82-2019 para regular los PBMs.

Ley Nùm. 138-2019 para añadir un Artículo 31.031 y un Artículo 31.032 al Capítulo 31 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el fin de establecer que las organizaciones de servicios de salud no podrán denegar la solicitud de un médico, hospital, centro de servicios primarios, centro de diagnóstico y tratamiento, dentista, laboratorios, farmacias, servicios médicos de emergencia, prehospitalarios, proveedor de equipo médico, o cualquier otra persona autorizada en Puerto Rico para proveer servicios de cuidado de salud para convertirse en proveedor de la misma cuando éste cumpla con los requisitos necesarios para ejercer su profesión y/o funciones y esté autorizado por las entidades competentes a proveer servicios de cuidado de salud en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Ley Núm. 181-2019 para crear la “Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; establecer un aumento salarial por la cantidad de ciento veinticinco dólares ($125.00) mensuales a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales; añadir el Artículo 3.14 a la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, Ley 20-2017, según enmendada; enmendar el inciso (1) del Artículo 7.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”; establecer condiciones sobre el uso de los fondos; y para otros fines relacionados.

Ley 47-2020-Médico Cualificado- amplía el grupo de profesionales de salud elegibles para beneficios contributivos bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico.

La jueza Taylor Swain determinó que por el momento el Gobierno de Puerto Rico está impedido de poner en vigor las mencionadas leyes.